Para ONG con actividades políticas

El caso concreto de organizaciones con actividades políticas plantea una serie de complejidades y riesgos que implican el uso de tecnologías o técnicas de protección de la información bastante elaboradas.

En diversos países existen leyes concretas orientadas a la limitación de la libertad de expresión o a la libertad de prensa, con consecuencias muy graves en muchos casos.

Las organizaciones que desarrollan actividades en países con limitaciones de derechos, muchas veces, están sujetas a investigación y vigilancia por parte de ciertos organismos estatales. Sobre todo, aquellas organizaciones con actividades políticas que puedan ser consideradas una amenaza por parte de esos Estados, se enfrentan a problemas inmediatos con la protección de la confidencialidad, tanto de sus miembros como de personas a las que estén atendiendo o ayudando como organización.

Es en este tipo de situaciones, donde se hace absolutamente imprescindible emplear técnicas de ocultación y protección de la información. Todo dato que se encuentre en manos de la organización debe ser protegido, sobre todo, cuando pueden existir consecuencias para terceros.

El modelo de protección debe ser estricto, pero sobre todo debe ser fácil y accesible para los usuarios; si no es un mecanismo sencillo, hay muchas probabilidades de que los usuarios cometan errores en su uso o que, simplemente, dejen de utilizarlo.

La premisa principal es conseguir que este mecanismo sea transparente, es decir, que esté funcionando al margen de las acciones o decisiones que el usuario pueda tomar sobre un equipo o dato concreto.